El año 2025 mostró su primer caso de corrupción: el Muelle 13 de Buenaventura. Allí, el gobierno nacional destapó una serie de irregularidades que ponen en peligro la vida, la salud pública, el trabajo digno y el desarrollo económico del principal puerto de Colombia.

El Muelle 13 de Buenaventura es un terminal marítimo, especializado en el atraque de buques graneleros, es decir, aquellos barcos que transportan productos no envasados, como granos, minerales y fertilizantes. Es propiedad del Estado Colombiano, a través de la Armada Nacional.

En 1997, el fondo rotatorio de la Armada Nacional atribuyó un contrato de homologación a Grupo Portuario S.A, y Ventura Group. Ese contrato de homologación, permitió a la Armada arrendar el muelle a Ventura Group para su administración. El contrato finalizó el 6 de enero de 2025, 27 años después de su firma.

Durante todos esos años, el muelle se administró con las mismas normas, e incumplió la normatividad ambiental vigente. En 2023, una auditoría de la Contraloría General de la Nación halló irregularidades en el contrato, su administración, mantenimiento y mejoramiento del muelle. Además, el Ministerio de Medio Ambiente, dijo que al ser un puerto de gran calado, requería una licencia ambiental, y no un plan de manejo ambiental, con el cual operaba.

El pronunciamiento del Minambiente, en cabeza de la ministra María Susana Muhamad, llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a sancionar el pasado 2 de enero al muelle, con el cese temporal de operaciones. El titular actual del muelle es el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), lo que hace que el gobierno pueda definir qué acciones tomar con el muelle.

El 10 de enero, la ministra Muhamad denunció los hallazgos hechos en el Muelle 13. Con fotos, mostró cómo las palomas comían y vivían en las montañas de granos que luego serían distribuidas a la población. Mostró también cereales en estado de putrefacción y residuos mal manejados, manejos operativos insalubres, y un plan operativo que databa del 2002. 

El 14 de enero, la Procuraduría General de la Nación, aún en cabeza de la inoperante aliada de Iván Duque, Margarita Cabello Blanco, en una acción cómplice con la corrupción, le solicitó al gobierno y a la Anla cambiar la suspensión por una amonestación escrita, para que Grupo Portuario solo tuviera que cambiar el plan operativo del 2002. 

Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro le contestó: “Una procuradora por sostener un contrato leonino y corrupto, busca que la toxoplasmosis se expanda en las mujeres, porque no quiere que se le pongan requerimientos ambientales a los amigos de Duque que usan un bien público irregularmente”.

“Dejaron montañas de carbón al aire, contra los pulmones de miles de bonaverenses, dejaron deteriorar físicamente el muelle, dejaron que palomas y ratas andarán en miles de toneladas de granos alimenticios de consumo humano, dejaron  podrir decenas de toneladas de alimentación. Hicieron un negociado”, dijo el presidente.

El 16 de enero, el presidente del Ventura Group, Álvaro Rodríguez Ferrero dio una entrevista en la que explicó la situación de Buenaventura, la importancia de reabrir el Muelle 13 y de acatar lo pedido por la procuraduría. En un acto manipulador, Rodríguez Ferrero aseguró que, por la suspensión de la Anla, “habría despidos masivos en el muelle”.

El presidente Petro también le respondió: “No puede haber despidos masivos donde no hubo empleados, solo trabajadores contratados por actividades cada vez que llegaba un buque”.

Para finalizar, el 17 de enero, se ofreció una rueda de prensa entre ministros y directores de carteras afines al caso, para aclarar todas las dudas generadas por la suspensión de actividad en el Muelle 13.

Muhamad dijo que el gobierno no levantará la medida hecha por la Anla, ya que al tratarse de un muelle de gran calado, se le exige una licencia ambiental. “Hay una violación de derechos a la población de Buenaventura y una situación altamente irregular. Con la Anla, con base en lo que estamos definiendo y en la norma, responderemos las denuncias penales y disciplinarias frente a la situación”. 

Sobre la mentira hecha por Álvaro Rodríguez Ferrero, Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación, le contestó, y suscribió las palabras del presidente Petro: “Para descargar un buque de estos se requieren 40 o 50 personas, cada tres días, esos trabajadores son contratados a destajo, esos no son trabajadores de planta, ellos ingresan al muelle cada que llega un buque, pero esos trabajadores no solo prestan ese servicio allí en ese muelle, existen 15 muelles más y están rotando en cada uno de esos muelles de acuerdo con la carga que esté llegando”.

Sobre la inoperancia y mal mantenimiento del muelle, Maria Constanza García, entonces ministra de transporte, informó: “En nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas, solo usamos 180 millones. En Buenaventura,  hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas”.

Susana Muhamad, además, le envió un mensaje al procurador entrante, Gregorio Eljach Pacheco, para que, al contrario de su predecesora, mostrara eficiencia y justicia en los procesos: “Yo no entiendo cómo con las evidencias técnicas y jurídicas el procurador no está apoyando la actuación de las autoridades ambientales, sino por el contrario intercediendo en su posición a favor del operador portuario”.

El 21 de enero, el presidente Petro dijo que jueces estaban presionando al gobierno para prorrogar la concesión del muelle. Nunca ha existido un contrato de concesión sobre el muelle 13.

“Solo existe un contrato de homologación entre la ANI y la Armada sobre el muelle 13 desde hace 30 años. Contrato que terminó el 6 de enero.  En los 27 años del arrendamiento, se destruyó, según informe de la contraloría, el 61% del muelle, por entrar barcos de 60.000 toneladas, cuando solo eran posibles 15.000 toneladas En lugar de prorrogar una concesión inexistente, el arrendatario debe indemnizar al estado por destruir el muelle 13”, afirmó el presidente.

Hay al menos seis mil toneladas de carga represadas en el Muelle 13. El gobierno insiste en que no revocará la sanción, y que por el contrario, será contundente en las medidas que tenga que tomar en este caso de corrupción.