Luz Adriana Camargo Garzón, la nueva Fiscal General de la Nación es una experta en cazar corruptos poderosos.

Guatemala lo sabe. Ella fue la mano derecha del actual ministro de Defernsa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Por Dr. Polito

Que en Colombia protesten los humillados, los ofendidos, los marginados, los discriminados, en fin, los pobres, que unos y otros son los mismos, solo es la eterna repetición de la misma historia.

Una historia que nunca ha variado: los ricos, es decir, los poderosos, los dueños de todo, hasta de vidas, se han encargado de que los que protestan tengan siempre las mismas causas.

Pero, de unos meses para acá, quienes protestan, con gritos desgarradores, son, precisamente, los ricos.

Y la razón es la misma en cada marcha, en cada manifestación, en cada protesta: alguien les está rompiendo los huevos.

¿Quién será el atrevido que se está metiendo con los intocables, con los herederos exclusivos y excluyentes del poder político y económico, con los narcotraficantes, con los corruptos, con la ínclita gente de bien?

Por lo que gritaban ayer, parece que es Gustavo Petro, el presidente de la República, respaldado por el pueblo raso, que está dejando de protestar, de reclamar, de pedir que le sigan tirando mendrugos.

Otra vez fue evidente que a Petro no le perdonan que haya llegado a la Presidencia de Colombia, que los ricos y aristócratas y explotadores siempre han considerado de su propiedad.

Tampoco toleran que esté dispuesto a jugarse entero por los que todo necesitan, por los que quieren que Colombia cambie, por los que consideran que ya basta de tanta inequidad y luchan por equilibrar la sociedad.

Para el presidente, en las calles estaban quienes no quieren cambiar el país, y admitió que eso está bien.

Lo que está mal es que “siempre habrá fuerzas que salen de los privilegios y no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia, porque no se vive bien”.

Y luego, a propósito de palabras del excongresista Álvaro Uribe, en contra de las reformas propuestas por Petro al Congreso, el presidente pregunto: ¿Por qué les molesta que millones de viejos y viejas que hoy no reciben pensión puedan recibir un bono pensional decente? ¿Por qué les molesta que los actuales cotizantes de pensión puedan recibir una pensión de verdad? El 80% de los actuales cotizantes en fondos privados nunca recibirá pensión si no cambiamos ese sistema”.

Desde luego, las marchas de los ricos casi no tenían ricos: muchos eran sus empleados, sus sirvientes, sus choferes, sus escoltas, los buenos solo para servir de rodillas a sus amos.

Les ordenaron salir a gritar “¡Fuera!, Petro”, y eso hicieron, sin saber ni por qué ni para qué. Arrastrados, llamaron en las redes sociales a estos esquiroles desclasados y descastados.

Mientras gritaban, sus patronos, padrinos y jefes descansaban en sus clubes y brindaban por el éxito de las tareas impuestas a sus abyectos mensajeros.

Y roían un hueso duro: las marchas contra Petro son cada vez más lánguidas, más débiles, menos concurridas.

Y, en esas circunstancias, ¿cómo será mañana, cuando solo queden ellos, que son tan pocos y tan cobardes?

Porque, si bien, ellos han estado siempre dispuestos a acallar a balazos las voces contrarias, las de los defensores de la naturaleza y de los derechos humanos, es necesario aclarar que ellos no accionan las armas: tienen empleados que los hacen por ello. Pero, no será por mucho tiempo más.

El comandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez tiene derecho a estar libre.

Lo dijo y decidió la jueza Luz Marina Zamora, del sistema de justicia transicional creado para juzgar a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de las que Mancuso era jefe.

Zamora consideró que Mancuso, nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, ha cumplido con las tres sentencias de Justicia y Paz que hay en su contra, en las que fue condenado a ocho años de cárcel.

Por ello, merece la libertad condicional durante cuatro años.

Sin embargo, por ahora, el paramilitar no podrá dejar su celda de la cárcel La Picota, pues tiene pendientes otros 33 procesos penales, en juzgados diferentes del de Zamora.

La juez accedió a otorgar la libertad a Mancuso luego de la tercera petición del defensor. Las anteriores fueron negadas por el juzgado.

Durante la audiencia, la juez atendió inquietudes de las víctimas de las Auc sobre la reparación y la baja entrega de bienes, e instó a la Fiscalía General de la Nación a crear una unidad especializada en persecución de los bienes para los afectados por el conflicto.

También decidió que la Unidad Nacional de Protección (Unp) y la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) realicen los estudios de seguridad del caso para garantizar las medidas de protección para el exjefe paramilitar.

Al mismo tiempo, la juez explicó que Mancuso ha venido cumpliendo con los compromisos de la desmovilización por lo que tendría derecho a la libertad a prueba por cuatro años, que es la mitad de la pena alternativa de 8 años que ofrece Justicia y Paz, y si se mantiene en ese comportamiento, podría recibir la libertad por pena cumplida.
 
Zamora precisó que su decisión sólo se puede aplicar frente a las tres medidas de aseguramiento que están en su despacho y que corresponden a las tres condenas parciales que están en firme contra Mancuso Gómez en Justicia y Paz.

En ese sentido, la funcionaria judicial sostuvo que libró la boleta de libertad con destino al Inpec, pero que antes de hacerla efectiva, se debe verificar que el exparamilitar no tenga otras medidas de aseguramiento en su contra. 

La razón es que en la misma audiencia se conoció que Mancuso tiene 33 medidas de aseguramiento correspondientes a procesos en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y otras 14 en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.
 
De hecho, Mancuso tiene otros procesos, algunos de ellos apenas en audiencia de imputación y que podrían terminar en otras 45 sentencias correspondientes a 65.000 hechos, y tiene pendientes otras versiones libres frente a al menos 800 hechos.

Por ende, para que salga de prisión deben pronunciarse otras autoridades.

En todo caso, ante una eventual libertad, el exparamilitar no podría moverse por todo el país.

Desde hace años en la ley de Justicia y Paz se vienen aplicando medidas para la protección de las víctimas y evitar la revictimización, por lo que los exparamilitares no pueden volver a los sitios en los que cometieron sus delitos.

En el caso de Mancuso Gómez no podría ir a municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena y La Guajira, es decir, a todos los municipios de la costa atlántica, además de Norte de Santander.

La limitación también se extiende a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó.



Aunque la familia y la residencia del exparamilitar están en Córdoba, ese es uno de los departamentos a los que no podría ir en caso de quedar en libertad.

Cuando alguien falsifica sus propias palabras, es porque ha llegado a situaciones a las que, ni la imaginación más desbordada, calculó que podría llegar un ser humano.

Pero, como Francisco Roberto Barbosa Delgado es una especie de dios, alguien que, según él cree y predica, siempre ha sido más que humano, hacer lo que hizo es parte de su naturaleza.