Si hoy fuera la consulta propuesta por el presidente Gustavo Petro para aprobar las reformas que el Congreso niega, serían necesarios 13,654,320 votantes, de los cuales 6,827,161 deberían votar Sí.

Significa que a las urnas debe acudir 33,333 por ciento de los sufragantes de la última elección, y de ellos, la mitad más uno debe votar en favor de la o las preguntas de la consulta.

Esto es lo indicado en el artículo 103 de la Constitución Nacional para este tipo de mecanismos de participación y decisión popular, y en la Ley 1344 de 1994, que los reglamenta.

El más reciente censo electoral empadrona a 40,963,370 personas hábiles para votar.

La consulta es un mecanismo de participación y decisión de poco uso en Colombia.

La más reciente experiencia fue en 2018, cuando la exalcaldesa de Bogotá Claudia Nayibe López Hernández propuso votar en favor de mecanismos para combatir la corrupción.

El censo era de 36,421,026 votantes, pero la participación fue menor al 33,333 por ciento exigido. Participaron 11,671,420 ciudadanos, casi todos en favor del Sí, pero los necesarios eran 12,140,220.

La votación fue arrolladoramente favorable a las propuestas, pero faltaron unos 500,000 votantes, para que fueran aprobadas.

Según la Ley 134, para convocar la consulta se requiere una solicitud al Senado, firmada por el presidente y todos los ministros, para que la corporación habilite a Petro a convocar la consulta.

Aunque las relaciones del presidente con el Congreso, en especial con el Senado no son las mejores, no habría inconveniente insalvable para lograr la aprobación.

Hay, sin embargo, otra situación difícil: según el registrador Hernán Penagos Giraldo, en su entidad hay preocupación, pues no se dispone de los recursos financieros necesarios.

En 2018, la consulta costó 310.479 millones de pesos. En la actualidad, esta costaría más, debido al crecimiento del censo electoral en casi 5,000,000 de personas.