Es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contra el que puede ser el oficial más sanguinario del Ejército colombiano.

Ser acusado de instigar 118 ejecuciones extrajudiciales da incluso para más que ser considerado sanguinario.

Al fin y al cabo, les pedía a los soldados “carrotancados de sangre”, porque no quería ver “ni desmovilizados, ni entregados, ni heridos, ni mierda”.

El general Mario Montoya Uribe solo quería “ver sangre”.

Y, bajo amenazas de ser removidos de sus cargos o echados del Ejército, o, incluso muertos, oficiales y soldados le entregaron lo que les exigía: sangre “por litros, a baldados”, y cuerpos para llenar estadios, según sus palabras.

Hoy, Montoya enfrenta a la Justicia, que lo puede condenar a 20 años de prisión, una pena ridícula para el acusado de tantas muertes de inocentes.

Montoya fue figura clave en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez desde cuando en Medellín, entre 2001 y 2003, fue comandante de la siniestra Cuarta Brigada del Ejército.

Esta unidad militar es responsable de las operaciones Mariscal, Meteoro, Marcial y Orión, y de la omisión en la masacre de Bojayá, de lo cual Montoya fue exonerado por la Procuraduría General de la nación (PGN), dirigida entonces por Edgardo José Maya Villazón.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP serán las encargadas de cobrarle a Montoya sus delitos, aunque hasta ahora no ha reconocido ni aceptado su responsabilidad en los 118 asesinatos de los que lo acusan, ocurridos durante la política de seguridad democrática de Uribe.

Montoya estuvo 40 años en el Ejército, hasta 2008. Figura como retirado, a pesar de las numerosas peticiones para que lo declaren expulsado.

Un ex integrante de la Cuarta Brigada, recordó ante la JEP las palabras de Montoya: “A mí no me entreguen maricadas, ni desmovilizados, ni entregados, ni heridos, ni mierda… Yo quiero ver es sangre”.

La estrategia de Montoya, llamada ‘body counting’, o conteo de cuerpos, basaba la efectividad del Ejército Nacional en la cantidad de cadáveres entregados por el Ejército al presidente de la República.

Esa fue la respuesta de los militares a las instrucciones del Gobierno (a través del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, luego presidente de la República), en las que se premiaba a los soldados que habían dado muerte en combate a guerrilleros, y que los llevó a ejecutar extrajudicialmente a por lo menos 6 402 personas, en calificadas con el eufemismo de falsos positivos.

En múltiples versiones narradas por los subalternos a Montoya, describen como él les pedía que entregaran “baldes, litros y carrotancados de sangre”. Incluso, deshumanizadamente, solicitaba que quería ver estadios llenos de cuerpos.

Según la JEP, “Montoya Uribe generó las condiciones que llevaron a la comisión de los crímenes imputados, pues en lugar de proteger los derechos de las víctimas, junto con otros mandos en esa jurisdicción militar, creó un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en el surgimiento y prolongación del patrón macrocriminal”.

Ahora, la JEP, en un acto histórico, deberá juzgar por 118 crímenes a Montoya. En caso de ser culpable, se enfrenta a una pena de 20 años de prisión.

Incluso si, incoherentemente, fuera hallado inocente, seguirá con más procesos abiertos por su responsabilidad en uno de los mayores crímenes de estado ocurridos en Colombia.