El nombre de Iván Antonio Mantilla Gaviria, exviceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) de Iván Duque fue citado de nuevo como comprometido en el escándalo de Centros Poblados, relacionado con el robo de 70 000 millones de pesos destinados a las escuelas más pobres del país.

Según el semanario Cambio, a cambio de beneficios penitenciarios, el corrupto abogado y empresario Emilio Tapia Aldana, delincuente dedicado a contratar con el Estado y protagonista del escándalo, prometió a la Fiscalía General de la Nación (FGN) entregar los nombres de tres altos funcionarios de Duque involucrados.

No es la primera vez que el nombre de Mantilla, viceministro hasta 2021, cuando estalló el escándalo, es citado en la investigación. La abogada Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe era la ministra.

Hace unas semanas se conoció el acuerdo de Tapia con la FGN, con el que la justicia pretende sellar el primer capítulo penal del caso, y lo que hay detrás “es la verdadera perla de la historia”. Tapia está listo para citar los nombres.

Ese año, el funcionario fue mencionado en el interrogatorio de la FGN a Juan José Laverde, hoy condenado a cuatro años de cárcel por hacer parte del entramado criminal. Laverde declaró entonces que Emilio Tapia le dijo que Mantilla había recibido un soborno porque, gracias a su ayuda, la unión temporal Centros Poblados había ganado el contrato. Ese testimonio no escaló en la justicia porque, Tapia, el directamente involucrado, no lo había corroborado.

Sin embargo, en la FGN decidieron revisar al detalle cada versión entregada  en el proceso. El objetivo era darle a Tapia seis años de prisión a cambio de aceptar su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación, pero, también, preguntarle por otros funcionarios a los que la justicia no les había puesto la lupa.

Y Tapia se comprometió a colaborar. 

Mantilla, ingeniero, estructuró el proyecto Centros Digitales, iniciativa pública por más de un billón de pesos, para la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para la prestación del servicio de internet en las zonas rurales del país

El contrato lo adjudicaron a la Unión Temporal Centros Poblados, empresa falsa resultado de un acuerdo de Tapia con Ottomar Lascarro Torres y Laverde (todos judicializados), que, aglutinaron a empresas que habían prestado sus nombres para que pudieran cumplir con los requisitos exigidos en el proceso licitatorio.

Pero, en realidad, no tenían ningún tipo de participación en el desarrollo y ejecución del contrato. Es decir, el verdadero dueño del negocio era Tapia. El contrato fue adjudicado el 18 de diciembre de 2020.

Hubo, según el semanario, un paso fundamental para que Centros Poblados ganara el contrato: tres garantías bancarias falsas, suscritas, según la FGN, por Luis Fernando Duque Torres, como representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y por supuestos funcionarios del Banco Itaú.

La FGN afirma una vez estableció que ninguna empresa de seguros expediría una póliza, Laverde obtuvo las garantías bancarias falsas que envió a Duque para que las firmara y las presentara al proceso.

Fuentes judiciales, que Cambio no identifica, explicaron que Tapia se comprometió a entregar las pruebas de que el viceministro Mantilla logró dilatar la legalización de los documentos para que la unión temporal tuviera tiempo de conseguir las póliza. A cambio, supuestamente, se habían comprometido a darle una jugosa cantidad de dinero. Sin embargo, tras estallar el escándalo, el pacto no se consumó. Es decir, Mantilla no habría alcanzado a recibir el pago por su gestión. 

En un conunicado, Mantilla explicó que, como viceministro de Conectividad nunca tuvo asignada ninguna función de contratación y que, por eso, no tuvo injerencia en ningún proceso de contratación del ministerio. 

“Por el contrario, después de adjudicada la licitación, en el marco de las gestiones del ministerio con ambos ganadores del proceso, expuse a los representantes legales de ambas empresas la necesidad de dar oportuno cumplimiento a todas las obligaciones derivadas del contrato, incluido agilizar todas aquellas correspondientes a la formalización del mismo para iniciar el despliegue del proyecto”, dijo.

Mantilla agregó que, según consta en decisiones tomadas por organismos de control, no fue la persona que tomó o incidió en las decisiones sobre pólizas o garantías, o cualquier otro elemento derivado de la contratación. 

Finalmente, reiteró lo dicho en los medios en 2021: “No conozco a ninguno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados. Nunca en mi vida he tenido contacto alguno con los señores Emilio Tapia, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque, ni Juan Carlos Cáceres, ni con ninguna de las personas relacionadas con esta Unión Temporal. Jamás he recibido absolutamente nada de nadie. Mis labores como viceministro consistieron en decisiones técnicas, públicas y transparentes para que Colombia avance en el cierre de la brecha digital”.

Esta sería la primera vez que un exfuncionario del Mintic responda por el hecho, del que solo se ha recuperado una parte del dinero.