La jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, se vio precisada a suspender por dos días el juicio criminal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ante el desacato de la defensa, que no asistió a la sesión porque esperaba el trámite de una tutela que formularon contra la funcionaria.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado como presunto responsable de los delitos de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal, la integran Jaime Granados Peña y Jaime Lombana, entre otros abogados.

Los defensores, encabezados por Granados, plantearon una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, en contra del Juzgado 44, por presunta vulneración del derecho al debido proceso y el acceso a la justicia. Por tal razón y por la ausencia del acusado y sus abogados en la audiencia de este martes 11 de febrero, la jueza suspendió la diligencia.

Como medida cautelar, la defensa pidió al Tribunal ordenar la suspensión del proceso hasta cuando haya un pronunciamiento final sobre la tutela.

Sin embargo, Heredia convocó nuevamente a todas las partes para el 13 de febrero a las 8:30 de la mañana. 

La jueza rechazó la ausencia de los defensores y la calificó de desacato, y aseguró que que representa un intento de obstaculizar el proceso judicial y dilatarlo hasta fuera de los límites legales, para que termine sin decisión.

“Esto es un claro desacato a las órdenes del juzgado. No puedo permitir que cada vez que no les guste una decisión, la salida procesal más fácil sea no presentarse, frustrando el normal desarrollo de la diligencia”, afirmó.

La tutela también busca anular todas las actuaciones del segundo día del juicio, cuando la defensa de Uribe expuso su tesis del caso. El documento solicita que se reconozcan los derechos fundamentales del exmandatario y se deje sin efecto lo actuado a partir de la orden judicial del 10 de febrero de 2025, en la que el juzgado negó de plano la recusación contra la jueza Heredia.

En las decisiones de plano no caben recursos.

La recusación, presentada porGranados, se basó en una supuesta “falta de imparcialidad” de la jueza.

Para este martes 11 de febrero estaba programada la declaración del senador Iván Cepeda, quien interviene en el proceso en calidad de víctima.

El abogado del senador, Reynaldo Villalba, y la fiscal delegada, Marlene Orjuela, también criticaron la presentación de esta acción legal, argumentando que se trata de una maniobra dilatoria con la que se busca frenar el avance del juicio.

La fiscal Orejuela, respaldó a la jueza y también se refirió a que todo se trata de maniobras dilatorias y calificó también de desacato la actitud de los defensores.

En este caso, que completa siete años desde que lo abrió la Corte Suprema y pasó a la Fiscalía, la tesis es que el expresidente Uribe habría instruido a Diego Cadena para que a través de sobornos, consiguiera que exparamilitares declararan a su favor. De esos señalamientos, él se ha declarado inocente.

Ante la ausencia de Granados, la jueza ordenó oficiar a la defensoría pública, para que suministre un abogado de oficio en caso de que Granados no se presente el jueves.

Uribe, presente online en la audiencia, dijo que no hay actitud dilatoria, y que su defensa se concentró en el trámite de la tutela, algo que constitucionalmente está permitido.

"No puedo aplazar indefinidamente este acto procesal hasta tanto el señor defensor quiera hacerse presente", recalcó la jueza y reiteró que los defensores han desacatado su orden, y advirtió que no puede ser que cuando a alguien no le guste algo en la diligencia, lo que haga sea no llegar a la cita.

Para Reinaldo Villalba, representante de víctimas, lo hecho por la defensa del expresidente es "una maniobra más de carácter dilatorio" para atrasar este proceso que lleva siete años abierto y que prescribe el 8 de octubre de 2025.