El presidente Gustavo Petro advirtió a los colombianos de que este martes comenzó el golpe de Estado blando contra él y su gobierno, con la decisión ilegal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigarlo a él por una supuesta violación de los topes financieros de su campaña electoral.

En una breve alocución, Petro reforzó su postura sobre el golpe blando, y desde Antioquia convocó a la movilización del pueblo para defender su legitimidad.

“El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida”, dijo el presidente. “Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia colombiana: llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así. Lo advertí, pero no escucharon. Aquí no hay un pueblo arrodillado”.

Luego, en un mensaje en la red social X, reafirmó: “Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”.

Y convocó al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, “para explicar al mundo por qué lo que ha hecho por mayoría el CNE es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley”.

La decisión de siete de los nueve miembros del Nacional Electoral (CNE) de iniciar una investigación formal y formular cargos a Petro en calidad de candidato presidencial y altos cuatro miembros de su campaña del 2022 se convierte en todo un desafío jurídico y político para la institucionalidad del país.

Se habla de una presunta violación de topes por $ 5.300 millones. Son cinco los investigados, incluido el jefe de Estado, quien hace un llamado a la movilización e insiste en que se inició el golpe blando.

Tras semanas de aplazamientos, el martes 8, el tribunal electoral, conformado por representantes de las principales fuerzas políticas, acogió en sala plena la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada que pedía investigar formalmente al entonces candidato y a su campaña presidencial por la presunta violación de los topes electorales para las dos vueltas electorales.

En aras de la decisión, el CNE avanzará en una investigación formal contra el candidato (caso que de prosperar a una eventual declaración de responsabilidad pasará automáticamente a la Comisión de Acusación de la Cámara), el exgerente de la campaña Ricardo Roa ( hoy presidente de Ecopetrol); María Lucy Soto Caro y Lucy Mogollón, tesoreras; y Juan Carlos Lemus Gómez, auditor. También se imputó a los partidos Colombia Humana y UP.

César Lorduy (Cambio Radical), Maritza Martínez (‘la U’), Alfonso Campo (Conservador), Cristian Ricardo Quiroz (Alianza Verde), Benjamín Ortiz y Altus Baquero (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) fueron quienes votaron para acoger la ponencia. Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, ambas del Pacto Histórico, se apartaron de la mayoría.

No es la primera vez en la historia reciente que una ponencia por supuesta financiación ilegal contra la campaña de un presidente en ejercicio prospera.

Ernesto Samper fue investigado por el escándalo conocido como el ‘Proceso 8.000’, por la filtración de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial.

El CNE le imputó cargos, pero el proceso quedó en el aire por decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, la Fiscalía lo denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

El caso terminó con una polémica preclusión decidida por la mayoría cercana al Gobierno.

Otras investigaciones recientes no prosperaron, como las que se hicieron contra Juan Manuel Santos, por el escándalo de Odebrech y contra Iván Duque, por el de la 'Ñeñepolítica'.

La decisión del CNE Pero no significa que Petro (en su condición de candidato) o los responsables de su campaña hayan sido declarados responsables de las presuntas irregularidades.

De hecho, es poco probable que antes de febrero del 2025 se esté llegando a una decisión definitiva en el caso, que puede resolverse a favor de la campaña en caso de que los investigados desvirtúen las pruebas del proceso que apenas se inicia formalmente.

En contra de la opinión de expertos, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reiterado la facultad del CNE para investigar las cuentas de todas las campañas políticas, incluidas las del presidente elegido.

Según el Consejo de Estado, el CNE "es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campaña, pero no para sancionar con pérdida del cargo al Presidente de la República".

Y recalcó que "es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza".

Si el proceso avanza a etapas de decisión, sus efectos en el caso del Presidente corresponden única y exclusivamente a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Para 2022, el CNE fijó los topes electorales en cerca de 28.500 millones de pesos para la primera vuelta y cerca de 13.300 millones de pesos para la segunda vuelta. Las pruebas recabadas en la fase previa a la investigación formal demostrarían que la campaña presidencial superó por 5.300 millones los gastos autorizados para primera y segunda vuelta.

En primera vuelta, la Campaña Petro Presidente reportó gastos por 28.384 millones de pesos; y 13.199 millones para la segunda vuelta.