En Colombia, a todo empleado se le puede exigir que cumpla con las tareas que aceptó cuando firmó el contrato de trabajo, sin que con ello se viole ley alguna. 
 
Para eso, para que trabaje, se le paga. No trabajar es, incluso, razón para despedirlo.

 Exigir, en casos así, es legal y lógico, y funciona con todos los empleados. 
 
Con todos, menos con los magistrados de la Corta (le dicen Corte) Suprema de Justicia. 
 
Si a ellos se les exige que cumplan con su obligación, por ejemplo, de escoger a una de tres candidatas a la fiscalía, según su opinión y la de sus defensores de la prensa hegemónica, hay una  presión indebida. 
 
Como si se les estuviera exigiendo algo ilegal o, al menos, antiético o inmoral. 
 
¿Desde cuándo los magistrados y otros servidores públicos están por encima de sus empleadores que, quiéranlo o no, son todos los ciudadanos? 
 
¿Desde cuándo están por encima de la ley? 
 
¿Por qué no se les puede exigir que hagan lo que tienen qué hacer? 
 
¿Qué categoría de deidades son? 
 
¿De qué clase de materiales extraterrenales están hechos? 
 
Son, precisamente, servidores del Estado; servidores, no sus dueños, no los amos. 
 
No tienen nada diferente de sus patronos. Nada. 
 
Bueno… algunos sí: tienen el alma podrida y la corrupción es su medio de vida. Si hasta configuran sociedades para delinquir, que, de modo eufemístico, la prensa llama carteles. 
 
El cartel de la toga es exclusivo de ellos y se dedica a vender fallos y a ubicar a parientes y amigos en organismos como la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría, organismos tan o más corruptos que la Corta de Justicia. 
 
Porque, así como en la cesta, de ordinario una fruta en mal estado, sin excepción contamina a todas las demás con el hongo de la pudrición, un miembro corrupto en un conglomerado contagia, sin excepciones, a todos los demás. 
 
Que algunas frutas se salven de perderse, es excepciona. Igual ocurre con los humanos. 
 
El problema para Colombia es que, no solo en la Corta de Justicia, pero allí, sin duda, ha habido muchas frutas podridas, muchas almas corrompidas por la codicia. 
 
Los exmagistrados presos lo confirman.
 
¿Sus excompañeros de cesta escaparán a las lógicas consecuencias del virus con el que los contagiaron?
 
Cabe solo una respuesta: es muy difícil, pues sería un milagro, y los milagros no existen.
 
Es curiosa la forma como, desde su presidente para abajo, los magistrados se envuelven en la bandera de la dignidad, a fin de desvirtuar las críticas lógicas y fundadas de los ciudadanos.
 
Pero es más curiosa la manera como los ciudadanos viven convencidos de que los magistrados y otros funcionarios del Estado son seres a los que se debe reverenciar, casi adorar como dioses, ante los que, cualquier cercanía es ofensiva.
 
¿Cómo convencer a todos los colombianos de que esos personajes no son más que cualquiera otro? ¿Qué hacer para que los tratemos, no solo de igual a igual, sino con el carácter de empleados que son del pueblo.
 
Los patronos de todos los servidores públicos son los ciudadanos, incluso los que no pagan impuestos, pero votan.

Y, por lo mismo, como patronos, todos los ciudadanos están facultados, y obligados, a exigirles a los magistrados, a todos, que cumplan con sus obligaciones laborales, como la de escoger Fiscal General de la Nación.
 
Cada ciudadano reviste de poder a estos burócratas. Pero, así como se les entrega poder, se les puede quitar. ¿Por qué no hacerlo, si, al fin y al cabo, no hacen su tarea?
 
Del discurso según el cual exigirles es presionarlos de manera indebida no es más que un cuento chino inventado por los magistrados, por los congresistas, por los funcionarios de alto nivel, y pregonado por la corrupta prensa homogénica.

Los defensores de los magistrados no tocan, para nada, el tema de que están votando bajo un reglamento inventado por ellos y contrario a la Constitución.
 
¿Es tan difícil de entender esta realidad?