Más tardó el presidente Gustavo Petro en plantear que cualquier colombiano puede ser embajador de su país, no solo los que se creen herederos de los cargos, para que, todos a una, siete excancilleres se opusieran de manera rotunda.

Los siete, como la absoluta mayoría de diplomáticos colombianos, según el presidente, con blancos, ricos, aristocráticos y miembros de las élites sociales.

 “No debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia”, señaló Petro y dijo que le ordenó a la canciller,  Laura Sarabia, eliminar los reglamentos actuales. “Cualquier hijo de obrero puede ser embajador. ¿No les gusta? Pues este es el Gobierno del cambio”.

La de Petro se trata de una apuesta coherente con su, pues a finales de 2022, cuando arrancaba su mandato, solo tres de los doce embajadores que había designado en América Latina eran diplomáticos de carrera.

A inicios de su Administración designó como embajador en México a Álvaro Moisés Ninco, un líder de las juventudes petristas que no tenía título universitario, un requisito para el cargo.

La oposición demandó y una sentencia del Consejo de Estado obligó a Petro a sacarlo a finales de 2024. Nombró a León Fredy Muñoz como embajador en Nicaragua, pero no solo carecía de experiencia, sino que enfrentaba un proceso penal por supuesto tráfico de droga (fue absuelto en primera instancia cuando seguía en el cargo; hoy es senador). Y designó como embajadora en Italia a Ligia Margarita Quessep, amiga personal de la primera dama, Verónica Alcocer.

Los sindicatos de la Cancillería, integrados por embajadores que se consideran inamovibles,  han demandado decenas de nombramientos de embajadores y cónsules, argumentando que los elegidos no hacen parte de la carrera diplomática y hay funcionarios de ella listos para ocupar las plazas.

La justicia les ha dado la razón y ha tumbado a representantes de Colombia en Argentina, Reino Unido, México, Uruguay y Francia.

La anulación más reciente tuvo que ver con Armando Benedetti, ministro del Interior, como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, siglas en inglés), porque incumplía requisitos como hablar inglés o italiano, o tener un posgrado.

Petro ha respondido a las críticas cuestionando la carrera diplomática.

De hecho, la primera vez que sacó pecho por el nombramiento de un embajador de carrera fue por llevar a Gustavo Makanaky, un médico afro del Valle del Cauca, al Japón.

Aprovechó el anuncio para criticar a otros funcionarios: “Teníamos una Cancillería blanca, de élite y aristocrática”.

Algo similar repitió recientemente en el consejo de ministros: “¡El sindicato es blanco!”. Uno de los sindicatos, integrado por embajadores y cónsules, respondió. Una campaña en redes sociales presenta varios diplomáticos de carrera que cuentan sus historias de vida, de hacerse a pulso desde escuelas y universidades públicas hasta su grado actual.

Petro asocia los nombramientos que ha hecho a la defensa de la justicia social y señala que, más allá de la Cancillería, su gabinete es muestra de una diversidad social y étnica nunca antes vista en un gobierno colombiano.

Petro ha demostrado que el cuerpo diplomático debe responder a esa misma lógica. El 19 de julio de 2022, días antes de posesionarse como presidente, anunció que su embajadora ante la ONU en Nueva York sería Leonor Zabaleta, lideresa arhuaca.

La carta la firman siete descendientes directos de expresidentes, exmilitares de alto grado, familias consideradas oligárquicas, aristocráticas y pertenecientes a las más altas esferas de la economía, la política y las élites sociales.

Los firmantes de la carta son:

Marta Lucía Ramírez Blanco, 71 (La U), exmiembro de varios gobiernos como vicepresidenta y ministra de Defensa y de Comercio Exterior, exsenadora y exprecandidata presidencial por el Partido Conservador.

Hace poco, su marido, Álvaro Rincón, fue vinculado a un negocio con el narcotraficante y paramilitar Guillermo ‘Memo Fantasma’ León Acevedo. Además, su hermano Bernardo Ramírez Blanco, fue condenado por naroctráfico en Miami, y ella y su esposo acudieron a respaldar la fianza que impusoi la justicia de Estados Unidos. El caso, sin embargo, terminó convertido en’error’ y ‘una tragedia familiar’, como se refirió al caso el entonces presidente Iván Duque Márquez, de cuyo gobierno Ramírez era canciller.

María Ángela Holguín Cuellar, 62 (PC), descendiente directa de varios expresidentes de Colombia y de dirigentes de partidos tradicionales. Es hija de Julio Holguín Umaña y Lucila Cuéllar Calderón.

Su padre era hijo de Rafael Holguín Arboleda, y nieto del político conservador Jorge Holguín Mallarino y de su esposa Cecilia Arboleda Mosquera. Su abuelo Jorge era hermano del político Carlos Holguín Mallarino, casado con Margarita Caro tobar, hermana del político Miguel Antonio Caro. Ambos eran hijos del escritor José Eusebio Caro, Por otra parte, Jorge y Carlos era sobrinos del político Manuel María Mallarino. Tantos los hermanos Holguín Mallarino, como su tío Mallarino y el político Caro, fueron todos presidentes de Colombia.

Su madre Lucila era nieta de Aristides Calderón Reyes, cabeza de la familia de la que descienden Clemencia y Elena Calderón Nieto, casadas con los hermanos Enrique y Hernando Santos Castillo, de quienes descienden los primos Juan Manuel y Francisco Santos Calderón.

Por su abuela paterna, Cecilia Arboleda Mosquera, María Ángela Holguín desciende del militar Tomás Cipriano de Mosquera, cinco veces presidente de Colombia.

Convive con el aspirante presidencial Sergio Fajardo.

Jaime Bermúdez Merizalde, 59 (CD), es abogado y empresario, exembajador en Argentina y excanciller de Álvaro Uribe Vélez.

Defendió con ardor a Uribe en el caso de la parapolítica. Es presidente de Kelhill Group.

Guillermo Roque Fernández de Soto Valderrama, 72 (PC), ha estado vinculado a varios gobiernos en diversos cargos, y también es descendiente de expresidentes y parientes de militares y policías de alto rango.

Camilo Reyes Rodríguez, 75 (PL), diplomático de carrera y uno de los considerados dueños de la cancillería.

María Consuelo ‘Conchi’ Araújo Castro, 54 (PL), hija de Álvaro Araujo Noguera, exmandamás en Cesar sindicado de paramilitarismo, hermana de Álvaro, acusado junto a su padre, y sobrina de Consuelo Inés ‘La Cacica’ Araújo

Claudia Blum Capurro de Barberi Ospina, 77 (CR). Su esposo Francisco era el dueño de Tecnoquímicas, la mayor farmacéutica y, cabeza de uno de los 50 mayores conglomerados industriales de Colombia. Fue presidenta del Congreso.

Fernando Araújo Perdomo, 70 (PC). Siendo canciller, renunció cuando lo señalaron de participar en un proyecto inmobiliario que pretendía apropiarse de tierras de pescadores en el sector de Chambacú, en Cartagena, junto con Luis Alberto Moreno y Héctor García Romero. Como ministro de Desarrollo, Moreno nombró a García como director del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), quien, a su vez, vinculó a los otros dos al proyecto.

María Carolina Banco Isakson, 74 (PL). Heredera de dos fortuna petroleras: la de su padre, el expresidente Virgilio barco Vargas, y la de su madre, la estadounidense Carolina Isakson. Como diplomática colombiana, apoyó la invasión de Estados Unidos a Irak y su destrucción.