El presidente Gustavo Petro firmó el anunciado y controvertido decreto que convoca a los colombianos a una consulta popular para reformar las leyes laborales.

El decreto (decretazo, le llaman) es resultado de prolongados análisis, críticas y controversias, que ocuparon a numerosos funcionarios del Gobierno, a fin de evitar errores que puedan frustrar la aspiración de permitirle al pueblo expresarse en torno del futuro.

Desde antes, fue fácil prever una dura batalla legal y jurídica, en medio de un ríspido ambiente político exacerbado por lo que algunos políticos opositores llaman intención de Petro de desconocer las ramas del poder político diferentes de la Ejecutiva.

El anuncio de la firma lo hizo el propio Petro en su cuenta personal de la red social X, a tiempo que sostuvo que el decreto fue enviado a la Corte Constitucional, para su estudio y decisión definitiva en torno de una situación que, según los opositores, es ilegal.

Para algunos expertos, la revisión no sería necesaria, por ahora, pues la Corte solo es competente para hacer control después de la convocatoria y realización de la consulta.

Así, si el decreto llega a esa corporación, deberá ser devuelto argumentando la incompetencia, o remitirlo al Consejo de Estado.

La redacción del documento tomó varias semanas de trabajo en la Casa de Nariño, bajo la revisión permanente del exfiscal general y ahora ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre Lynett.

Con la firma del decreto, comenzó una etapa en la que sectores políticos y académicos probablemente radicarán demandas.

Y si nada extraordinario pasa, será el Consejo de Estado el que decida, a través de la Sección Quinta, de asuntos electorales. 

Según Petro, el reciente atentado contra el senador opositor Miguel Uribe Turbay pudo tener como objetivo desestabilizar el gobierno y frenar la consulta popular.

Mientras Petro firmaba el decreto, en la plenaria del Senado se discutían ponencias de una reforma laboral de origen ejecutivo, aunque modificada, revivida semanas atrás.

El Gobierno ha presionado al Congreso con la promesa de derogar el decreto si se aprueba el texto que salió de la Cámara.

Sin embargo, no hay ambiente para que el Senado vote a favor de una reforma, lo que pretende el Gobierno.