Los cafeteros colombianos beben largos tragos de café amargo mientras se desvelan pensando en cómo pagar 150 millones de dólares de 1,300 contratos internacionales que firmaron en 2020 para vender el grano a precios que les obligaron a incumplir.

Lo hicieron motivados y respaldados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), manejada por personas que, en concepto del analista Guillermo Trujillo, “tumbaron a la institución que dicen amar”.

Los verdaderos responsables son Roberto Vélez (gerente de la FNC entre 2015 y 2022) y el actual, Germán Bahamón, que, según Trujillo, se favorecen con un Plan de Acción Solidaria (PAS) que trazaron, que compromete no solo a todos los cafeteros, sino a los contribuyentes.

La federación maneja el Fondo Nacional del Café, creado hace 80 años, con recursos del Estado, y que puede estar seriamente comprometido en la actual situación.

Cafeteros de Caldas, Tolima, Quindío, Risaralda y otros departamentos han expresado sus dudas sobre el PAS, que busca saldar el supermillonario déficit con los acreedores de la Bolsa de Nueva York.

Según el veedor cafetero José Roberto Suescún, citado por el diario español El País, “este acuerdo beneficia al gremio privado, pero no a las asociaciones campesinas, que se enfrentan al abismo de la quiebra para pagar los 32 millones de sacos comprometidos”.

Pese a que la FNC anunció que en desarrollo del PAS ya liquidó los 32 millones de sacos adeudados, muchos cafeteros no creen, y algunos vaticinan que el campesinado ni siquiera cuenta con esa cantidad de café a la mano.

El productor antioqueño Jorge Alberto Posada garantiza la solidez del plan: “La Federación tenía esos sacos en inventarios de café. Los pusieron a disposición de las cooperativas para resolver el lío financiero”.

Pero, Duberney Galvis, especialista en gestión ambiental con vínculos en el sector, argumenta que la FNC podría incluso estar incurriendo en un delito de peculado, al utilizar dineros públicos de los cafeteros y del Fondo Nacional del Café para un fin ajeno al señalado en la ley.

Seis fuentes cafeteras citadas por El País coinciden en que el plan sirve como una suerte de “maquillaje” para los apretados balances financieros de la FNC.

“Tras el crédito, presentado como un salvavidas, se hallaría, en realidad, una maroma contable: “La deuda de 150 millones de dólares es impagable. Ya se anunció que hay un préstamo por 37 millones de dólares para cubrir la garantía de compra, pero nada se sabe de los 114 millones restantes. ¿De dónde van a salir?”, se cuestiona Galvis.

Para Adalgiza Lozano, gerente de una de las asociaciones del Tolima, lo único que la FNC ha logrado es “alargar la agonía” de las cooperativas campesinas. “Desde hace cuatro años, cuando se inició con las entregas del café a futuros, no ha habido una fórmula para solucionar el problema. Ahora lo que se ha pactado es que, con los recursos de todos los asociados, se tienen que asumir las deudas a 20 años”.

El lío comenzó cuando unas 20 cooperativas firmaron 1.300 contratos para vender por anticipado millones de sacos de café.

Pero, a partir de 2021, el aumento en el precio del grano dejó en desventaja a los agricultores, que habían acordado precios por debajo del valor en alza (venta a futuro, instrumento de bolsa muy común en el mundo de las materias primas, para protegerse de las fluctuaciones del mercado”.

El precio internacional sobrepasó los 4 dólares por libra, ante lo cual, muchos optaron por incumplir, antes que incurrir en pérdidas. Otros esperaron a que los precios bajaran, pero siguieron subiendo.

Y, ahora, miles de cultivadores están endeudados de tal manera que la quiebra parecer ser el único camino que les queda.

La de Galvis parece ser una apreciación acertada: “Los cafeteros perdimos con la operación de Roberto Vélez, el presidente de la federación en 2020 cuando todo esto empezó. Y ahora nos ponen a pagar una deuda gestionada por los mismos dirigentes que aprobaron esos negocios desastrosos”.