Los precandidatos presidenciales Daniel Quintero y David Luna coincidieron con las denuncias de fraude electoral del presidente Gustavo Petro, y dijeron tener temor de que acciones ilegales ocurran durante la consulta del domingo 8 de mayo.
Quintero asegura que “hay un plan para introducir votos marcados en las urnas aprovechando que algunas personas no van a pedir el tarjetón de consultas”, para presuntamente favorecer a los candidatos Paloma Valencia y Roy Barreras en Antioquia y otras regiones.
Por su parte, Luna señala que, según los testimonios de varios colombianos en el exterior —que pueden votar desde el lunes—, hay “voceros del Gobierno” en las mesas de votación que instan a los electores a tachar el tarjetón de las consultas para anular el voto.
Quintero es de izquierda, afín al Gobierno de Petro, y Luna, de centro derecha.
Colombia elegirá este domingo un nuevo Congreso y definirá los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo.
Más de 3.200 aspirantes compiten por las 183 sillas de la Cámara de Representantes y las 102 del Senado., y aspiran a los votos de 41,2 millones de electores habilitados para sufragar.
En el exterior, con excepción de los consulados de Tel Aviv, Beirut y Abu Dabi, cerrados por razón de la guerra de Estados Unidos e Irán, los colombianos están votando desde el lunes.
Además de la elección de congresistas, los colombianos podrán escoger entre tres opciones de precandidatos presidenciales, en desarrollo de una consulta interpartidista.
Para la elección presidencial ya hay dos candidatos: Iván Cepeda Castro, de la alianza Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, del ultraderechista movimiento Defensores de la Patria.
Según los más recientes sondeos, las más opcionados para vencer en las consultas son la ultraderechista del Centro Democrático Paloma Valencia y la centrista de Alianza Verde Claudia López. El escenario es más difuso en la izquierda, en cuya consulta compiten el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Por otra parte, la Policía Nacional y la Procuraduría revelaron nuevos casos de posible constreñimiento electoral y de compra de votos en medio de la campaña.
En Neiva, el ente de control abrió una indagación contra varios funcionarios del Hospital Universitario, señalados de inducir el voto entre contratistas de la entidad.
Según un informe de la Procuraduría, se entregaron listados para que cada funcionario inscribiera entre 15 y 20 personas, con el fin de respaldar las candidaturas de María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, y Flora Perdomo, del Partido Liberal.
La Policía también informó de la incautación de más de 71 millones de pesos (unos 19.000 dólares), que eran transportados junto a tarjetones pedagógicos y propaganda electoral en una camioneta que se movilizaba por la vía entre Girardot e Ibagué. Las autoridades no han revelado el nombre del candidato con el que estaría relacionado el material.
Finalmente, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas lanzadas por el exmandatario derechista Iván Duque, que cuestionó al izquierdista por “sembrar dudas sobre la organización electoral y a insinuar fraudes inexistentes”.
Petro lleva años denunciando riesgos de fraude y vulnerabilidades del sistema y, ante las elecciones legislativas, su partido, el Pacto Histórico ha propuesto instaurar una “registraduría propia”.
Según el presidente, durante las elecciones de 2022, en el Gobierno de Duque, se cometió un fraude contra su partido Pacto Histórico por 640.000 votos
La realidad es que el conteo previo —los datos sin validez jurídica, pero de gran impacto político que comunica la Registraduría la noche electoral— daba al Pacto Histórico 2,3 millones de votos al Senado. Tras miles de impugnaciones, el proceso previsto por el propio sistema electoral terminó fijando la votación real en casi 2,9 millones de votos.
Petro ha recalcado en su mensaje: “Las elecciones no deben tener riesgo de fraude”.