El Gobierno del Presidente Gustavo Petro se comprometió a erradicar 25,000 hectáreas de cultivos de coca en Catatumbo, en especial en Tibú, en los ocho meses que quedan de vigencia de la conmoción interior decretada hace 30 días.

El proyecto contempla que los campesinos y demás propietarios de los cultivos los erradiquen ellos mismos, a cambio del pago de 1,280,000 pesos por familia durante 12 meses.

La erradicación implica eliminar 104 hectáreas de coca cada día, una meta difícil de cumplir, por razón de la guerra entre guerrillas y grupos de narcotraficantes que se disputan las rutas de envío de cocaína a los mercados mundiales.

La apuesta es ambiciosa, si se tiene en cuenta que, precisamente, la destrucción de cultivos de coca ha sido un frente crítico en la estrategia contra el narcotráfico.

Así, 2023 se cerró con más de 253 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca que dispararon la producción potencial del país a más de 2.600 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Ese año, la erradicación forzada de cultivos cerró en 20.323 hectáreas (menos de la tercera parte del 2022). Y en 2024 se erradicaron apenas 9.403 hectáreas: no se llegó ni siquiera a las 10 mil hectáreas presupuestadas por el Gobierno, la meta más baja en toda la historia de la lucha antinarcóticos.

Los recursos para adelantar el programa provienen de gravámenes a los juegos de azar y apuestas en línea, según lo determinado en decretos de conmoción interior.

En Tibú, uno de los municipios con más cultivos de coca, “hay 55.000 hectáreas sembradas. Nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan los decretos de conmoción interior”, dijo Petro en el más reciente Consejo de Ministros, transmitido el lunes por televisión.
Tras descartar de plano un eventual regreso de la fumigación aérea, herramienta que consideró “inconstitucional”, el presidente aseguró que no se pagaría por la entrega de hojas de coca: “No es cortar la mata dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación es toda la mata, incluida sus raíces, es lo que impide que (la coca) vuelva”, aseguró.

Los pagos se harían mientras se logran consolidar proyectos productivos legales, según explicó Gloria Miranda, encargada del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (Pnis).

“En estos territorios la gente no ha conocido el Estado, apenas está conociendo las entidades de gobierno. La economía se ha basado en los cultivos de uso ilícito”, dijo la funcionaria. “Mientras se consolida una economía legal, se debe darles un sustento”.

Miranda afirmo que el énfasis no es la entrega de los dineros por un año sino los proyectos productivos para “reemplazar todo el circuito económico y garantizar el transporte. Por eso se articula con la construcción de una vía para sacar los productos”.

El Presidente había asegurado a su vez que este año se realizarán inversiones claves en la carretera que une al Catatumbo con el centro del país y con Cúcuta y la frontera.

La jefe del Pnis agregó que se priorizarán “proyectos de mujeres cabeza de hogar y proyectos asociativos”. En esa línea informó que se buscará que el Banco Agrario le dé a la población vinculada al programa “créditos con periodos de gracia hasta de 5 años mientras los nuevos cultivos dan ganancia”.

En total, según Miranda, para sustitución se destinarán 362.000 millones, de los cuales unos 152.000 millones estarán dirigidos a pago por erradicación y 178.000 millones, al establecimiento de nuevos proyectos productivos.

El plan está sustentado por el decreto 0180 de Conmoción, que creó “un pago por erradicación voluntaria, de carácter humanitario y extraordinario y condicionado a la sustitución voluntaria de cultivos para la transición hacia economías lícitas”.

El presidente Petro afirmó que había ordenado a la Fuerza Pública una ofensiva total contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), a la que acusó de intentar desestabilizar el país con un plan criminal que, dijo, ponía en riesgo la soberanía nacional.

Según Petro, el plan de la guerrilla de ‘Antonio García’ era desplazar a más de 50 mil personas del Catatumbo para llevar a esa región a sus propias bases.

“Una nación que no cuida sus fronteras no es nación. La función constitucional del Ejército es cuidar la frontera”, le dijo el Jefe de Estado a su ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Y agregó: “Esas 25 mil hectáreas deben ser tituladas al campesinado del Catatumbo. Es el mecanismo con el cual contrarrestamos las decisiones del Eln de desocupar la región y transferir una población ajena al territorio”.