La lancha más recientemente bombardeada por Estados Unidos en el Caribe pudo haber zarpado del puerto colombiano de Riohacha, en La Guajira, concluyó un mecanismo de inteligencia artificial que trabajó sobre datos oficiales de Estados Unidos y versiones de prensa.

El estallido de un misil, que según fuentes destruyó la nave , pero dejó sobrevivientes entre los ocupantes, ocurrió el 16 de octubre, en línea recta frente a Puerto Cabello, en aguas internacionales.

Estados Unidos dijo que la nave era utilizada para transportar narcóticos, pero no aportó prueba alguna, como tampoco lo ha hecho en relación con otras cinco naves destruidas en acciones de guerra contra Venezuela.

La posibilidad de que la nave haya partido desde Riohacha coincide con sospechas del presidente colombiano Gustavo Petro, quien dijo haber indicios de que, al menos en una de las naves bombardeadas había ocupantes colombianos.

En este caso, si la nave partió de Riohacha, entre los sobrevivientes puede haber colombianos.

Seis lanchas rápidas bombardeadas dejan ya por lo menos 27 personas muertas (28, según otras fuentes), y sobrevivientes de la más reciente, que fueron arrestados por militares estadounidenses, de acuerdo con fuentes anónimas vinculadas al gobierno estadounidense.

Hasta ahora, solo han sido identificadas algunas de las once personas que al parecer ocupaban una lancha rápida y que murieron cuando un misil los destruyó el 2 de septiembre.

Las identidades de estas personas son parciales, y en algunos casos solo se conocen sus apodos. Según medios como El Nacional y El Pitazo, diarios digitales de Caracas, son: Enrique, Yorje o Yorge, Leo (probablemente Leo Aguilarte), Euclides, ‘El Músculo’, Reibys José ‘El Gato’ Gómez Oliveros, Richard, Luis Alberto y Che. Ocho de las once víctimas era de San Juan de Unare, un puerto caribe al extremo oriente de Venezuela, en la Península de Paria, y, los otros tres, de Güiría o pueblos cercanos, frente a Trinidad y Tobago.

El gobierno de Estados Unidos argumenta que las embarcaciones eran “narco-lanchas” y, en al menos un caso, responsabilizó a la organización Tren de Aragua (Venezuela), pero no ha publicado identificaciones públicas y verificables de todas las víctimas ni pruebas públicas que enumeren nacionalidades. Eso ha generado dudas legales y diplomáticas.

El presidente Petro pidió aclaraciones y dijo que hay indicios de que colombianos podrían estar entre los muertos, pero él mismo pidió a las familias que denuncien y pidió la liberación de información por parte de Estados Unidos.

El más reciente bombardeo, dejó sobrevivientes confirmados, pero no identificados, que fueron capturados por militares y recluidos en un barco de guerra de los que cercan a Venezuela. Aún no se sabe cuántas personas son ni si serán tratadas como prisioneros de guerra o como narcotraficantes.

Tampoco ha sido posible identificar la nacionalidad de las naves bombardeadas, pues el Ejército de Estados Unidos mantiene reserva sobre tales detalles.

Los seis ataques ocurrieron pocas semanas después de que funcionarios de la administración Trump dijeron que Estados Unidos está ahora en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga.

Un memorando interno de la administración Trump obtenido por el diario The New York Times afirma que Trump había considerado a los cárteles involucrados en el contrabando de drogas como “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.

Estados Unidos ha defendido los ataques con embarcaciones como una forma de contrarrestar a los miembros narcoterroristas del Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera. La Casa Blanca ha argumentado que la acción militar es una escalada necesaria para interrumpir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, algunos legisladores y grupos de derechos humanos han cuestionado la legalidad de los ataques. En septiembre, expertos de las Naciones Unidas condenaron los ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones, calificándolos de ejecuciones extrajudiciales.

“El derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos narcotraficantes”, afirmaron los expertos. “Las actividades delictivas deben ser desmanteladas, investigadas y enjuiciadas de conformidad con el estado de derecho, incluso mediante la cooperación internacional”.