El objetivo del presidente Gustavo Petro es claro: ampliar los derechos laborales de los colombianos, recortados por Álvaro Uribe, y modificar el ultracorrupto sistema de salud.

Por eso, la nueva consulta popular radicada anrte el Congreso es más amplia y ambiciosa y, probablemente, tendrá una oposición más radical, aunque, quizás, menos masiva.

La razón es que, de ocurrir, la consulta será ampliamente ganada por el Gobierno, y será una señal clara y contundente de lo que ocurrirá en las próximas elecciones. Nadie duda de que las mayorías populares están con el presidente.

Tanto la reforma laboral como la del sistema de salud fueron negadas por el Congreso, en los desplantes más hirientes de los políticos hacia los intereses básicos de los colombianos.

La insistencia del presidente tiene otras razones fundamentales, como la necesidad de cumplir su promesa electoral de cambiar la sociedad de uno de los países más desiguales del planeta.

Desde reformas legales hasta movilización social (incluida una huelga general), pasando por la constitucional consulta popular, Petro las plantea como vía para obtener los beneficios que según él merece y necesita el pueblo, y que aspira a lograr antes de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Ante la imposibilidad de materializar sus ideas por la vía legislativa, Petro insiste en solicitarle al Congreso la aprobación de la consulta popular, que ya le negó por dos votos, en sesión que para el Gobierno fue fraudulenta.

Petro tiene razón en su queja de que los poderes establecidos han obstaculizado los ímpetus reformistas de su Gobierno, el primero de un presidente de izquierda en el que es, tal vez, el país más conservador del Hemisferio.

Y una prueba de lo que dice es el lawfare (guerra sin fusiles) al que ha sido sometido, incluso desde antes de asumir el cargo, solo porque es opuesto a las tradicionales castas políticas, que aún se consideran el sujeto del medieval derecho divino.

Por eso, Petro insiste en que, además del bloqueo institucional (generado por verdaderas mafias), los sectores políticos de ultraderecha, las castas aristocráticas y el empresariado quieren ponerle fin a su gobierno mediante un golpe de Estado blando.

Esta vez, de ser aprobada, la consulta dirá, entre líneas, que las castas políticas llegaron a su fin.

Consultar la voluntad popular tiene antecedentes no muy lejanos en Colombia, y ninguno ha sido favorable a quienes la han propuesto.

Álvaro Uribe inició su mandato en 2002 con un referendo para cambiar la Constitución, que fracasó en las urnas: tan solo una de las siete preguntas superó el umbral constitucional.

Luego, en 2016, Juan Manuel Santos sufrió una inesperada derrota en el plebiscito que convocó para que los ciudadanos refrendaran el acuerdo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y el “no” derrotó al “sí” por un estrecho margen.

Y en 2019, una consulta popular —el mismo mecanismo de Petro, pero impulsado por ciudadanos y políticos del Partido Verde— también fracasó, a pesar de que las encuestas mostraban un respaldo amplio en la opinión. Se necesitaban 12,1 millones de votos y sumó 11,6 millones.

Elegido con algo más de 11 millones de votos, Petro necesitará más de 12 millones para cada pregunta.

La votación se daría pocos meses antes de unas elecciones legislativas en las que la izquierda se juega su continuidad en el poder. Y, para los opositores, eso equivale a una forma de anticipar la campaña y de movilizar a sus bases.

Con la propuesta, el Congreso se enfrenta a un dilema en el que, si tira una moneda al aire, puede llevar a la derecha y a las sectas tradicionales al desastre, pues las dos caras favorecen al Gobierno.

Si la propuesta pasa, en septiembre, a pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas, las urnas dejarían en claro que la izquierda tendrá las avenidas abiertas para continuar en el poder.

Pero, si el Congreso niega la consulta, la situación para la oposición será peor: en las elecciones, el resentimiento popular colmará las urnas de votos y respaldo, y muchos políticos de toda la vida desaparecerán para siempre.

Para evitar la debacle de las elecciones, la oposición optó, en consecuencia, por avanzar en el estudio de la reforma laboral que antes negaron de plano.

Es probable que aprueben una versión recortada del proyecto oficial, pero eso solo añadirá más combustible a la hoguera en que se pueden quemar todas las vanidades electorales.

Hay una circunstancia, sin embargo, que para el Gobierno no ha pasado oculta: el tiempo de estudio por el Congreso puede ser insuficiente, y al final, tendrían la razón los legisladores de izquierda que hablan de engaño de la oposición, no solo al Gobierno, sino al pueblo.

Ante ello, la propuesta de la huelga general espera, tras las cortinas, para mostrar la cara.

Una situación parecida, en el Gobierno de Iván Duque, catapultó a Petro a la Presidencia.

Repetir no parece una idea fuera de lógica…