La salida del rector José Alejandro Cheyne García y la convocatoria a una asamblea general hacen de lo ocurrido en la emblemática y anquilosada Universidad del Rosario, un ejemplo claro de cómo se ejerce el poder constituyente que propone el presidente Gustavo Petro para Colombia.
Acosada por graves problemas financieros, “a las conductas asociadas al gobierno corporativo y a los presuntos conflictos de interés”, la universidad enfrenta una seria crisis que no se soluciona con la salida de Cheyne.
En busca de remedio definitivo, las bases estudiantiles y profesorales y egresados, demostraron su poder y lograron conmover las estructuras rosarinas internas de 370 años.
El poder constituyente es la potencia originaria, extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez.
La universidad funciona desde 1653, pero los estatutos los elaboró fray Cristóbal de Torres un año después.
Es la primera vez en su historia que, principalmente los estudiantes, logran expulsar del claustro a un rector, y la primera en que convocan a una asamblea general en busca de sustituir el sistema de elección y gobierno.
Los órganos de gobierno recaen en los colegiales (“quince estudiantes activos y de grandes méritos académicos y altas calidades morales y de conducta”), cinco consiliarios y el rector, y de manera casi simbólica, el presidente de la República.
Solo que el rector designa a los consiliarios (entre ellos, esta vez hay tres profesores, subalternos del rector) y a los colegiales. Todos, a su vez, designan al rector, en un ejemplo clásico del yo te elijo, tú me eliges.
Lo que pretenden muchos estudiantes y profesores es que entre todos, mediante voto universal, designen democráticamente a sus autoridades.
El malestar por la gestión de Cheyne y de algunos decanos se sentía desde hacía varios meses, pero el reciente despido de profesores como Arlene Ticker y Manuel Quinche disparó la crisis, que se acentuó cuando el rector se negó a renunciar, como pedían mayoritariamente los estamentos.
El 17 de abril, había más de diez cartas exigiendo la renuncia de Cheyne, empecinado en continuar.
Los estudiantes, congregados en el patio central, ejerci2an presión pacífica a través de diversos medios. Una sola lista de WhatsApp, de 1,200 estudiantes, les permitió estar unidos.
En una clara demostración de democracia y tolerancia, en busca de ejercer su poder constituyente, la lista logró unir “a personas con ideologías y carreras distintas, en pro de la misma causa: la universidad de la cual nos queremos graduar”, según dijo el líder Nicolás Alonso a periodistas.
Mientras tanto, Cheyne estaba reunido, por horas y a puerta cerrada, con cinco exrectores que insistían en recomendarle renunciar, pues consideraban que no había legitimidad ni confianza.
Pero Cheyne se negó de plano a escuchar la sugerencia de renunciar.
Los exrectores comunicaron a la Consiliatura su posición de que Cheyne no podía continuar.
La Consiliatura administra y responde por temas estructurales, como la solvencia financiera, uno de los puntos origen de la crisis. Este órgano es señalado de haber dado origen al malestar por conflictos de interés. Antes fue independiente, y una especie de contrapoder de la Rectoría. Hoy, los consiliarios son subalternos del rector y son quienes, a su vez, lo nombran.
Hasta la noche, los estudiantes esgrimieron su consigna de que si Cheyne no se iba, el lunes siguiente entrarían en paro.
Ante esa demostración de poder, la Consiliatura removió a Cheyne y lo reemplazó temporalmente con el exitoso decano y actual vicerrector Gustavo Quintero.