El canciller Luis Guillermo Murillo, encargado mientras dure la suspensión del titular Álvaro Leyva, advirtió que, por ahora, el Gobierno no firmará un nuevo contrato para la impresión de pasaportes.

Aseguró, además, que desde el ministerio de Relaciones Exteriores se han tomado las medidas necesarias para que no se afecte a los colombianos con una hipotética escasez de libretas.

Un contrato con la firma colombiana Thomas Greg & Sons, que prolongaría por un tiempo más la aparente exclusividad de esta compañía, ha sido objeto de suspensiones y restituciones, en episodios oscuros protagonizados por altos funcionarios de la Cancillería.

La empresa es propiedad de los hermanos Felipe, Fernando y Camilo Bautista Palacio, que la heredaron de su padre, Gregorio (por esto, el Greg), y está registrada en la isla Guersney, un paraíso fiscal británico.

Fernando y Camilo son exconvictos de la justicia de Estados Unidos. En los años 80 fueron procesados penalmente en desarrollo de una gigantesca estafa a 25 bancos con falsos embarques de café, junto con Alberto Duque Rodríguez.

Los dos se declararon culpables.

Para asegurar el éxito en sus negocios con el Estado, que lleva décadas entregándoles los contratos de pasaportes (y desde hace unos 15 años, el de las elecciones presidenciales), los hermanos Bautista han tenido como miembros de su junta directiva a personajes como Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y Noemí Sanín Posada.

"La ciudadanía debe estar tranquila de que no va a tener ninguna afectación en sus pasaportes, se están produciendo bien, tenemos todavía 7 meses para poder definir estos temas, y se han tomado todas las medidas necesarias para que en ningún momento afecte a la ciudadanía", explicó el canciller encargado.

Y agregó que aún están en proceso administrativo para finalizar el proceso de firma de un contrato para la impresión de pasaportes que cumpla con lo planteado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. 

La más reciente licitación, favorable a Thomas Greg & Sons fue declarada desierta.

Según Murillo, "se hizo un proceso administrativo con miras de continuar con este servicio, pero no se siguieron unos criterios que planteamos como Gobierno, que es la pluralidad de los oferentes y obviamente la transparencia y la competencia en estos procesos. Se percibe que se hicieron unos pliegos de condiciones que no permitían la competencia".

Por lo anterior, Murillo sostuvo que se sigue revisando todo el proceso para analizar 550 observaciones y lograr una decisión integral.

En este sentido, Murillo anticipó que "no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares", y dio a conocer que extendió varias consultas a instituciones del Estado.

"He elevado unas consultas porque queremos salir con una posición de Gobierno. Entonces, se elevan consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República y a Colombia Compra Eficiente, para que ellos conceptúen sobre una estrategia y con base en eso seguiremos… Ese será el camino que seguiremos para poder garantizar que llegamos a una solución que sea aceptable y que beneficie más a la sociedad colombiana", puntualizó.