En Colombia, la única funcionaria pública que puede hacer lo que le venga en gana, sin que la afecte consecuencia alguna, es la procuradora Margarita Leonor Cabello Blanco.

A todos los demás servidores del Estado, y con mayor razón si son afines a las ideas del presidente Gustavo Petro, le llueven procesos, iniciados todos por Cabello.

En el último año y medio, su persecución contra Petro y altos funcionarios es inocultable. Y, desde luego, cuestionable, como su participación en política partidista.

Cabello, según algunos, miembro de Luz Hermética, la logias más conocida de Barranquilla, de la cual el contratista David Name Terán es maestro vitalicio, parece tener la Procuraduría General de la Nación para su servicio personal y en beneficio de sus allegados.

Es la conclusión más rápida a la que se llega luego de la denuncia contra Cabello formulada ante la Fiscalía General de la Nación por la congresista Esmeralda Hernández.

La revista Cambio dijo que en los últimos dos años ha efectuado seguimiento a irregularidades en convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la contratación de obras de remodelación en varias sedes por 30,000 millones de pesos, y contrataciones que favorecen a allegados de Cabello.

Excepcionalmente, estos días alguien se atrevió. De acuerdo con la denuncia ante la Fiscalía, desde enero de 2021, la Cabello ha gastado 71.000 millones de pesos en la contratación de la mesa integral de servicios tecnológicos para la entidad.

Es el gasto más alto de la Procuraduría en este sentido en los últimos 10 años. Uno de los contratos fue ordenado a dedo por Cabello, en beneficio de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. (ERT), de la Gobernación del Valle, cuya cabeza es la cuestionada Dilian Francisca Toro.

Según la denuncia, las irregularidades están relacionadas con el contrato de 2023, por 26,177 millones de pesos. No se pidieron cotizaciones a posibles proveedores y solo se verificaron precios mínimos y máximos en los acuerdos marco de la Tienda Virtual del Estado.

En el proceso de contratación de ERT en 2023 tampoco hay un presupuesto detallado ni una estructura de costos, al menos en los estudios previos que soportan la inversión.

Las anteriores irregularidades podrían ir en contra de los principios de planeación y selección objetiva para la contratación pública que están contenidos en la ley.

Quizás, la irregularidad más grave se relaciona con la subcontratación que hizo ERT para la ejecución del contrato de más de 26.000 millones de pesos.

Según el convenio administrativo, ERT podría subcontratar a otras empresas para cumplir el objeto del contrato siempre y cuando tuviera autorización previa de la Procuraduría.

No obstante, según la denuncia y dos oficios respondidos por el Ministerio Público y ERT al equipo de la senadora Hernández, hay versiones contradictorias al respecto.

La Procuraduría respondió que no ha autorizado ninguna subcontratación de ERT en ninguno de los contratos que ha firmado, pero ERT aseguró que sí le presentó a funcionarios de la Procuraduría los “aliados” que ejecutarían los servicios contratados.

En cualquier caso, ERT suscribió tres contratos con otras empresas para ejecutar el contrato de 2023: uno con Spain Software por 527 millones de pesos, otro con Computel Systems por 3.500 millones de pesos, y uno más con Comunicaciones, Redes y Sistemas por 15.899 millones de pesos.

El total de los contratos representa el 90 por ciento del valor inicial del convenio. Según un concepto de Colombia Compra Eficiente de 2023, en los convenios interadministrativos puede haber subcontratación, pero para ejecutar una parte del contrato y no su totalidad.

Por otra parte, ERT contrató la interventoría del contrato por más de 600 millones de pesos. La interventoría, particular, al haber sido contratada por el mismo contratista, no estaba contemplada en el presupuesto inicial del contrato. La denuncia también alerta sobre un remanente por encima de los 900 millones de pesos cuya destinación se desconoce.

La denuncia de la senadora Hernández se suma a otras suyas así como a información de prensa en meses anteriores sobre contratos en manos de personas cercanas a la procuradora.

Unp de los primeros contratos 2024 lo ogorgo2 la Procuraduría a una firma de abogados cercana a Margarita Cabello. El convenio, por 252 millones de pesos, de nuevo quedó en manos de Carvajalino García Asesores Legales SAS, una empresa barranquillera que asesorará a la entidad hasta el 31 de diciembre de este año.

La representante legal de Carvajalino García SAS es Adriana María Carvajalino, cuya hermana, Íngrid Carvajalino García, se desempeñó como asesora del despacho de la procuradora Cabello entre enero de 2021 y febrero de 2023. 

Además, en 2021, el Consejo de Estado recibió dos demandas que buscaban anular la elección de la hoy procuradora. Yolanda García de Carvajalino, mamá de las dos abogadas hermanas, se hizo cargo de la defensa de Cabello en esa época. Los buenos oficios de García de Carvajalino le permitieron a Cabello salir indemne y permanecer en su cargo.

Otro de los casos es el de Clara Cecilia Dueñas, amiga personal de Cabello, quien hace unos meses firmó un contrato por más de 230 millones con la Procuraduría.