Hasta ahora, en las investigaciones del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), han surgido 21 nombres, casi todos de servidores públicos, comprometidos, en uno u otro grado, en el esquema corrupto.

De una u otra manera, están involucrados en acciones ilegales que compro meten 228 840 millones de pesos de todos los colombianos.

Por ahora, la Fiscalía acusa a algunos de la pandilla, de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación agravado por cuantía, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Al menos López y Pinilla no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

A algunos acusados los investigará y procesará la justicia ordinaria, pero, respecto de otros, en especial ministros y congresistas, lo harán la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La lista inicial es la siguiente:

Olmedo de Jesús López Martínez. Economista. Militante del Polo Democrático Alternativo, vinculado al sector conservador del senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo González y director general de la Ungrd. La investigación lo sitúa en el principal renglón del esquema corrupto. Direccionó contratos, presionó subalternos, distribuyó coimas y, de un solo contrato, se quedó con 748 millones de pesos. No aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía, y prometió reintegrar al Estado 1 000 millones de pesos.

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Ingeniero. Conservador, con patrocinios de dirigentes vinculados al paramilitarismo. Segundo en el esquema corrupto, como subdirector de la Ungrd. Entregó a una mensajera una coima de 3 000 millones de pesos, para el presidente del Senado, Iván Name. Direccionó contratos, presionó, falsificó documentos y se quedó con 342 millones de pesos en el caso de los carrotanques. Prometió devolver 290 millones de pesos. Negocia con la Fiscalía un principio de oportunidad, para rebajar su eventual condena.

Luis Eduardo ‘El Pastuso’ López Rosero. Empresario. Sin filiación política conocida. A través de Impoamericana Roger S.A.S., unah de sus 17 empresas, fue favorecido, entre otros, con el contrato de 40 carrotanques, por 46 800 millones de pesos. De ello obtuvo un beneficio ilegal de 4 233 millones de pesos. Lo acusan de falsificar documentos de entrega de los vehículos, y de suplantar la identidad de uno de sus empleados.

Sandra Liliana Ortiz Nova. Administradora de empresas. Exsenadora del Partido Verde. Como Consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, actuó como mensajera del entonces presidente del Senado, Iván Name, para recibir de Sneyder Pinilla 3 000 millones de pesos de una supuesta coima entregada por la Ungrd, para facilitar la aprobación de iniciativas legales del Ejecutivo. Tres días después de surgir su nombre en la investigación, renunció al cargo.

Iván Leónidas Name Vásquez. Sin grado académico. Directivo del Partido Verde. Enemigo visceral del presidente Gustavo Petro. Expresidente del Senado, cargo para el que fue elegido por los partidos Conservador, Centro Democrático, De La U y Cambio Radical, y por algunos liberales. La procuradora Margarita Cabello Blanco habría ofrecido cargos y beneficios para quienes votaran a favor de Name. Los exdirectivos de la Ungrd lo acusan de recibir 3 000 millones de pesos que Sneyder Pinilla le entregó a través de Sandra Ortiz, como supuesta coima para facilitar la aprobación de iniciativas legislativas del Ejecutivo.

Andrés David Calle Aguas. Abogado. Militante del Partido Liberal. Como presidente de la Cámara de Representantes, recibió 1 000 millones de pesos que hasta su casa de Montería le llevó Sneyder Pinilla, según dijo a la Justicia el delincuente confeso. Es uno de los congresistas con más bajo índice de actividad legislativa. Lo investiga la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, por haber construido una vivienda sobre un humedal.

María Alejandra Benavides Soto. Graduada en Relaciones Internacionales. Militante del Centro Democrático. Como asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insistió ante la Ungrd por el otorgamiento de tres contratos, por 92 356 millones de pesos: 50 000 millones para Cotorra (Cor); 12 356 millones para El Salado (Bol), y 30 000 millones para Saravena (Ara), con los cuales algunos congresistas obtendrían coimas. Habría entregado un listado a la Ungrd de alcaldes, funcionarios y contratistas que debían quedarse con los contratos.

Ricardo Bonilla González. Economista. Partido: Colombia Humana. Ministro de Hacienda. María Alejandra Benavides, su asesora, supuestamente por instrucciones del ministro, gestionó, ante la Ungrd, la adjudicación de tres contratos, para municipios de Arauca, Bolívar y Córdoba, según ella, para favorecer a congresistas que posteriormente apoyarían iniciativas legislativas del Gobierno y prestarían colabotración en la comisión de crédito público, de la cual algunos siguen siendo miembros.

Carlos Ramón González Merchán. Abogado. Fundador y expresidente de Alianza Verde. Renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia, donde fue nombrado hace solo tres meses, cuando su nombre fue citado en la investigación, como el de quien, como director entonces del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), convocó reuniones de alto nivel para direccionar contratos de la Ungrd y repartir coimas entre congresistas, que apoyarían iniciativas legislativas del Gobierno.

Luis Fernando Velasco Chaves. Abogado. Afiliado al Partido Liberal. Acusado por Olmedo López de presionarlo, como ministro del Interior, para hacer pagos a la importadora de gas Montagás S.A. ESP, gerenciada por El-Laythy Barakat Safa Husein, de Ipiales. A nombre del Estado, la empresa surtió de gas que trajo de Houston, a Nariño y parte de Cauca, durante la emergencia por el gran derrumbe de Rosas (Cau).

Jaime Ramírez Cobo. Asesor de la Presidencia de la República, fue señalado de presionar a los directivos de la Ungrd, para que agilizaran el trámite de los contratos en los estaban interesados varios congresistas. Esos contratos comprometían 92 356 millones de pesos, destinados para pueblos de Arauca, Bolívar y Córdoba.

Pedro Andrés Rodríguez Melo. Abogado. Militante de Alianza Verde. Exasesor de Olmedo López en la Ungrd, por recomendación de Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina y cuñado de Romero. Recibió de Luis Eduardo ‘El Pastuso’ López una comisión de 700 millones de pesos, por llevarle el contrato de los carrotanques.

Camilo Ernesto Romero Galeano. Periodista. Miembro y expresidente del partido Alianza Verde. Embajador de Colombia en Argentina. Mencionado en el proceso por recomendar a Pedro Rodríguez ante Olmedo López, que lo nombró su asesor en la Ungrd. También lo señalan de presionar, ante la Ungrd, el pago de contratos de gas importado a la firma Montagás S.A. ESP, gerenciada por El-Laythy Barakat Safa Husein.

César Enrique Manrique Socha. Abogado. Partido Colombia Humana. Director del Departamento de la Función Pública. La Fiscalía lo señala de simular la escogencia aleatoria de las empresas (aspirantes a contratos), cuyos propietarios (aliados de Luis Eduardo ‘El Pastuso’ López) eran previamente alertados sobre los requerimientos que había para cada contrato, incluyendo el porcentaje que debían pagar como coima.

Juan Pablo Gallo Maya. Economista. Miembro del Partido Liberal. Es uno de los seis congresistas que presuntamente iban a beneficiarse de un contrato de la Ungrd a cambio de su apoyo en la comisión de crédito público del legislativo. Ha sido vinculado a tráfico de drogas en vehículos oficiales.

Wadith Alberto Manzur Imbett. Ingeniero industrial. Miembro del Partido Conservador. Otro de los seis congresistas acusados de posibles beneficios en su favor a través de contratos de la Ungrd para pueblos de Arauca, Bolívar y Córdoba, a cambio de apoyar al Gobierno en la comisión de crédito público, entre otros objetivos.

Juan Diego Muñoz Cabrera. Abogado. Miembro del partido Alianza Verde. En febrero de 2024 renunció a su curul, luego de conocerse que avanzaba una investigación relacionada con la manera irregular como fue contratado el Programa de Alimentación Escolar (Pae) en Meta, donde él era secretario de Educación. Es uno de los congresistas que supuestamente recibirían beneficios de contratos de la Ungrd pasra varios municipios.

Karen Astrith Manrique Olarte. Administradora de empresas. Afiliada al Partido Liberal, pero elegida por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en Arauca. Forma parte del grupo de congresistas que, al parecer, buscaba beneficiarse con contratos de la Ungrd para municipios de Arauca (Saravena), Bolívar y Córdoba.

Liliana Esther Bitar Castilla. Economista. Afiliada al Partido Conservador. Como integrante de la comisión de crédito público del Congreso, figura en la lista de legisladores que, según Olmedo López, se beneficiarían de contratos de la Ungrd para tres departamentos.

Julián Peinado Ramírez. Economista. Miembro del Partido Liberal. También miembro de la comisión de crédito público y del grupo de congresistas que recibirían beneficios de contratos de la Ungrd para municipios de Arauca, Bolívar y Córdoba.

Julio Elías Chagüi Flórez. Empresario. Miembro del Partido de La U. Como otros cinco congresistas, supuestamente sería favorecido con contratos para obras de prevención en municipios de Arauca, Bolívar y Córdoba. Según Semana, recomendó a un contratista encargado de ejecutar un proyecto de la UNGRD en Sahagún (Córdoba), por 28.000 millones de pesos (unos 7 millones de dólares).