El Gobierno comenzó a buscar 13 billones de pesos que entregó a varias Empresas Promotoras de Salud (EPS), y que no aparecen, y en uno de los primeros pasos intervino anoche a la EPS Sanitas.

La acción, a cargo de la Superintendencia de Salud, se cumplió luego de que la exministra de Salud Carolina Corcho, en referencia los fondos extraviados, preguntó ¿dónde está el dinero?

Los gobiernos de Colombia y Argentina decidieron superar la crisis que se generó entre los dos países por razón del bocón presidente Javier Milei.

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se tensaron tanto que estuvieron a punto de romperse, cuando Milei trató al presidente colombiano Gustavo Petro de “asesino terrorista”.

Colombia y Argentina están al borde de la ruptura diplomática.

Así concluye el diario bonaerense Clarín al analizar la crisis binacional creada por el presiente argentino, Javier Milei, al llamar asesino terrorista a su colega colombiano, Gustavo Petro.

La situación se mantiene, pese a que el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, pretendió calmar las aguas y en una entrevista con la televisión dijo apelar “a que las diferencias entre Javier Milei y Gustavo Petro no afecten las relaciones”.

Por ahora, el gobierno colombiano ordenó la expulsión de todos los diplomáticos argentinos en Colombia, encabezados por el embajador Gustavo Dzugala.

Se trata de siete funcionarios de carrera y uno administrativo en la sede argentina en la capital colombiana. Pero aún se desconoce quiénes tendrán que volver inmediatamente al país. Igualmente, el embajador Gustavo Dzugala, que llegó con el gobierno de Alberto Fernández a dicho país, ya estaba de salida.

Sin embargo, la Cancillería colombiana no citó nombres ni fijó plazos, aunque, según la costumbre y los protocolos diplomáticos, la orden se puede cumplir después de 72 horas de emitida.

Al mismo tiempo, Petro llamó a consultas al embajador en Argentina, Camilo Romero, quien está en Colombia desde enero, a raíz de otras ofensas de Milei a Petro.

En un contexto de silencio generalizado (desde la Cancillería argentina y la embajada de Colombia en Buenos Aires prefirieron no hablar), fuentes diplomáticas dieron por hecho que no habrá marcha atrás, y que la sanción se hará efectiva, aunque no están claros sus alcances.

En Argentina, las palabras de Milei, expresadas en una entrevista para la cadena estadounidense CNN, merecieron el rechazo velado de medios de comunicación, y explícito de sectores políticos.

“Es absolutamente inadmisible la manera despectiva y descalificadora como el presidente argentino se expresa de presidentes legítimamente elegidos por sus pueblos y que son líderes reconocidos”, escribió desde España el expresidente Alberto Fernández en su cuenta de la red social X. “Lamento y rechazo categóricamente las declaraciones de Milei, quien maltrató a Petro. Mi solidaridad con el presidente del pueblo colombiano”.

De acuerdo con medios argentinos, “Colombia es un país sumamente importante para el comercio argentino. Es el segundo destino de las exportaciones de automóviles despue2s de Brasil, y las ventas de vino argentino están creciendo notablemente allí”.

“En Colombia están Mercado Libre, Pescarmona, Globant, Techint, y empresas medianas argentinas que prestan servicio a la industria petrolera de allá”, dijo Clarín. “Y es un país que, a nivel político, policial y migratorio, comparte información valiosa y sensible con Argentina por el crecimiento del crimen organizado internacional”.

Los ocho senadores de la Comisión Séptima que buscan hundir la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro, pertenecen a partidos políticos que recibieron donaciones económicas para la campaña electoral de 2022.

La denuncia es del diario español El País, y se basa en informes presentados por los partidos en el portal Cuentas Claras del Concejo Nacional Electoral (CNE).

Con esos informes obligatorios, los partidos pretenden hacer transparentes las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie que reciben de particulares para las campañas políticas.

Entregar tierra productiva, a un ritmo de 1,400 hectáreas por día, podría permitirle al Gobierno del presidente Gustavo Petro satisfacer la necesidad más esencial de Colombia: la reforma agraria.

Además, les facilita a los colombianos avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz que el Estado firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016.

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