Con imputaciones a tres generales y otros 27 militares que actuaron en Meta, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) terminó la fase de investigación territorial por ese crimen gubernamental, y se alista para investigar el papel de los líderes nacionales del Ejército y las Fuerzas Militares en la matanza.

La JEP pretende así establecer si, en el caso conocido como Macrocaso 03, relacionado con miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como fasos positivos, se dieron los mismos patrones macrocriminales que permitieron que estos crímenes de lesa humanidad, ocurridos en todo el país, fueron fortalecidos, avalados o direccionados desde la cúpula del Ejército y de las Fuerzas Militares.

El Macrocaso 03 se ha desarrollado en varias fases.

Primero, se hizo una priorización territorial en Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, seleccionado a ciertas unidades militares y periodos de tiempo específicos y en las cuales ya se hicieron las respectivas imputaciones.

En todos los casos, la JEP estableció un patrón criminal claro: asesinato de civiles que fueron presentados como integrantes de grupos criminales abatidos en combates que no existieron y que respondieron a una de presiones por resultados operacionales que venían de unidades superiores.

Luego, se puso en marcha una fase nacional en el que se están haciendo audiencias de reconocimiento con unidades militares y regiones que no habían sido incluidas.

Esta fase culminó con la imputación de cargos a los generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Francisco José Ardila y Carlos Eduardo Ávila, y a otros 27 militares.

“Hoy podemos decir que fue un patrón macrocriminal nacional”, afirmó la magistrada Catalina Díaz. “Estos hechos ocurrieron en todo el país. Y ese patrón está ligado y se explica por una política de identificar la baja, el muerto, como el indicador real del éxito militar”.

“Sin esa decisión estratégica de que ‘el muerto es lo que cuenta’, los ‘falsos positivos’ no hubieran existido”, agregó Díaz. “Está probado que esa política fue implementada en todo el país por batallones, brigadas y divisiones. La pregunta ahora es cuál fue la responsabilidad del máximo nivel del Ejército”.

Para establecer la realidad, la JEP llamará nuevamente a versión voluntaria a los generales Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y Fredy Padilla de León, comandante entonces de las Fuerzas Militares, dijo el magistrado Óscar Parra.

Esperamos volver a llamarle (a Montoya) en un momento posterior para preguntarle de eso que se ha encontrado”, indicó Parra. Montoya dio una versión en febrero de 2020 y fue imputado en 2023 como máximo responsable por 118 asesinatos y desapariciones hechos perpetrados entre 2002 y 2003 en Antioquia cuando era comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional. 

Montoya no aceptó su responsabilidad y en diciembre de 2024 la Sala de Reconocimiento decidió remitir su caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que no ha definido aún si acusa o no al militar retirado. Si esto sucede, Montoya irá a juicio transicional como ya ha pasó con el caso del coronel retirado Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del Batallón La Popa de Valledupar. Ese juicio ya terminó y la sentencia se conocería este año.

“Mis colegas me dicen que este año”, dijo el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli al ser preguntado por esa sentencia. La JEP explicó que se han escuchado a más de 800 comparecientes, lo cual implica un material probatorio importante y que apuntaría a la participación de la cúpula del Ejército en este fenómeno criminal.

El magistrado Parra explicó que en la fase nacional se han hecho 14 versiones voluntarias y seis declaraciones juradas. “Llamamos como testigos a algunos funcionarios que trabajaron en el Ministerio de Defensa y conocieron de primera mano lo que estaba pasando y las medidas que se impulsaron para frenar este fenómeno. Llamamos a militares de alto rango de la Inspección del Ejército, a la Dirección de Operaciones y nos falta cerrar con la comandancia de la época”, dijo.

La magistrada Díaz señaló que también se ha hecho una investigación en los archivos militares y del Ministerio de Defensa en relación a las órdenes que se dieron en su momento y sobre las investigaciones internas que se hicieron en 2008 y que terminaron con la destitución de 27 militares cuando Juan Manuel Santos era el ministro.

“Hemos acopiado todos los documentos relacionados, entre otras cosas toda la participación que tuvo la oficina de Naciones Unidas en Colombia que fue fundamental para la toma de decisiones que terminó con el fin de los falsos positivos. Esta Sala está contrastando esa información para explicarle al país como terminaron los falsos positivos con acciones lideradas desde el propio Ministerio”, indicó.