La lucha contra la corrupción en altas esferas del poder cobró dos cabezas de máxima importancia.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que el zar de la transparencia, Roberto Andrés Idárraga Franco, y la alta consejera para las Regiones y exsenadora Sandra Liliana Ortiz Nova, fueron marginados de sus cargos.

Los dos fueron incluidos en una lista de sospechosos de estar vinculados a una trama de corrupción con carrotanques para abastecer de agua a La Guajira.

La lista la entregó a la Fiscalía General de la Nación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad centro del escándalo.

Pinilla fue nombrado por el director Olmedo López Martínez, viejo aliado del presidente Petro, y primer funcionario separado del Gobierno por el escándalo.

Según Pinilla, Ortiz actuó como mensajera del presidente del Congreso, Iván Leónidas Name Vásquez, a quien le entregaron una coima de 3,000 millones de pesos en efectivo, de fondos del Estado.

Otros 1,000 millones de pesos los entregó personalmente Pinilla al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Álvarez.

Otros altos funcionarios del Gobierno, como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, también han sido vinculados con la lista de Pinilla, pero sobre él nada ha dicho el presidente Petro.

Tanto Ortiz como Name, miembros del Partido Verde, han negado las acusaciones, que los ponen como protagonistas centrales del escándalo, originado al parecer en la búsqueda de apoyo para reformas básicas de origen presidencial.

Hasta ahora, todas son versiones que no han sido investigadas por la Fiscalía, que apenas está empezando a conocer la 'matriz de colaboración' anunciada por Pinilla para tratar de obtener beneficios judiciales.