En la tarde del 5 de marzo de 1979, Alicia Mercedes Ribaldo Pardo tenía 16 años y, como mesera del Coffe Shop de Barranquilla, entonces de moda, atendía a una pareja de uruguayos.

De pronto, un hombre con una escopeta se acercó a la mesa y le dijo a la chica: “te voy a matar”, y le disparó en el rostro. Ella solo atinó a preguntarle “¿estás loco?”, y se desplomó muerta.

El hombre era el empleado de mayor edad del café: César Augusto Lorduy Maldonado, exrepresentante a la Cámara y, hoy, a nombre del Clan Char y del partido Cambio Radical, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) e investigador de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Si el más listo de la familia resulta, como dice el pueblo, con un chorro de babas como alcalde de Bogotá, ¿cómo será el baboso hermano, que se dice aspirante a la presidencia de Colombia?

Como para salir corriendo.

Reciente encuesta de Guarumo y Analítica dice que al siempre dormido Carlos Fernando Galán le fue como a los perros en misa en cuanto a la medición de favorabilidad.

Como al político derechista Germán Vargas Lleras no le cuajaron sus dos candidatos a la Procuraduría General de la Nación (PGN), ahora plantea que “hay que acabar” con ese organismo.

Para ello, usó como pretexto la decisión de la procuradora, Margarita Leonor Cabello Blanco, que archivó un proceso contra la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, por la pérdida de 70 000 millones de pesos de un anticipo contractual para llevar la internet a escuelas rurales de 16 departamentos.

El senador Iván Cepeda Castro denunció al expresidente Iván Duque Márquez por delitos que pudo cometer con la compra ilegal del criminal software espía Pegasus a una firma de Israel.

La denuncia la formuló Cepeda ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, único organismo facultado para investigar y formularles cargos a los expresidentes.

Cepeda acusó a Duque luego de que el presidente Gustavo Petro denunció que la Policía compró Pegasus en 2021, con 11 millones de dólares en efectivo al parecer decomisados a narcotraficantes.

Los asesinatos de civiles por parte de funcionarios del Estado pueden ser más de 10 000, según el coronel Luis Fernando Borja, un oficial retirado que confesó que desde el siglo pasado él mismo ejecutó extrajudicialmente a civiles inocentes.

Además, explicó Borja, “todos los altos mandos” de las Fuerzas Armadas lo sabían, aunque no todos aceptaban asesinar a civiles inocentes desarmados para hacerlos pasar como guerrilleros o como delincuentes.

Borja, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre, que opera en Sucre y Córdoba, aceptó la cifra de 6 402 asesinatos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero sostuvo que sabe de esas prácticas criminales desde 1986, cuando se vinculó a las Fuerzas Militares.

“Todos en la cadena más alta de mandos lo sabían”, señaló Borja con firmeza. “Ellos son responsables y saben quiénes son, porque sabían que si alguien colaboraba con las guerrillas, lo asesinábamos”.

A algunas de esas víctimas las legalizaban, que, según el oficial, era el término usual entonces para referirse a lo que hoy se cobija con el calificativo de falsos positivos. “A otros, no”, y todo quedaba como si no hubiera ocurrido.

Asesinar inocentes “lo aprendí, y no en mi casa, sino en mi carrera militar”, afirmó Borja. “Nos entrenaban para la guerra y todos lo sabíamos, porque nos enseñaron a hacerlo, pero solo algunos tomamos esas decisiones”.

Admitió que “hay que aceptar que nos equivocamos, que normalizamos lo que hacíamos”.

Además, indicó que asume directamente su responsabilidad en todo lo ocurrido, cuando, en otros casos, hubo otros militares que se negaron a cometer esos crímenes por orden o presión de sus superiores.

“Muchos más optamos por eso, y eso nos llevó a esta tragedia humana”, afirmó Borja. “Nunca me detuve a pensar en el daño que estaba haciendo el conflicto, la presión nunca me permitió pensar en eso”.

Además, afirmó que él, a diferencia de otros, no se escuda en sus subalternos: “los asesinatos que yo cometí y ordené fueron decisiones mías (...) yo no me amparo en mis subalternos ni en mis superiores, cada uno la justicia dirá qué tipo de responsabilidad tiene”.

Finalmente, afirmó que reconoce el daño “inmenso” que produjo, pero asegura que ha tratado de opacar ese daño acercándose a las víctimas y contándoles la verdad.

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