El Tribunal Superior de Cundinamarca le otorgó la razón al presidente Gustavo Petro y lo libró de pagar una multa de 22,170 millones de pesos que le impuso la Contraloría Distrital, por el modelo de basuras que implementó, cuando fue alcalde de Bogotá.
La sanción monetaria, que en 2018 Petro calificó como impagable, cobijaba también a los subalternos de Petro María Mercedes Maldonado, Alberto José Merlano Alcocer y Gerardo Ardila, que debían pagar 75.483 millones de pesos.
Con decisión de los magistrados Óscar Armando Dimaté, César Giovanni Chaparro y Moisés Rodrigo Mazabel, el tribunal les dio la razón a Petro y su equipo ordenando levantar esa sanción, que se remite a una multa que le impuso en 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) al Acueducto de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) por más de $80.000 millones, monto que fue pagado por la administración de Enrique Peñalosa, algo que la defensa de Petro subrayó como la puerta libre para que la Contraloría declarara un detrimento patrimonial.



